No hay que cansarse en decirlo y llamar a las cosas por su nombre: ha habido un pasmo de las autoridades ante las acciones violentas de la CNTE, un grupo minoritario que quiere imponer a los demás condiciones que le convienen a él, pero no a la mayoría de los mexicanos.
La Reforma Educativa, que goza desde su gestación de gran apoyo social y político, ha sido puesta en jaque por una porción de maestros que llega a 5% de los agremiados en el mejor de los casos.
Los inconformes han incurrido en acciones claramente ilegales. Han impedido la circulación en carreteras, la producción de combustibles en refinerías, el funcionamiento normal de la economía y, en general, la libertad de millones de mexicanos de realizar sus actividades cotidianas.
Asimismo, han dejado sin clases a miles de niños y han vejado, sin pudor alguno, a personas que no comulgan con sus modos violentos.
Todo esto ha sucedido bajo la mirada de las autoridades municipales, estatales y federales, que no han querido o no han sabido cómo garantizar los derechos de las personas afectadas por la CNTE.
La Reforma Educativa se aprobó por los conductos que prevé la Constitución y ha sido avalada por la Suprema Corte, que, ella sí, ha puesto un alto a las pretensiones de la CNTE de echarla abajo.
Algunos políticos y comentaristas, como si fueran presas del síndrome de Estocolmo, cierran filas con los victimarios y, olvidándose de la larga relatoría de hechos que condujo a la reforma –entre ellos, la necesidad de que los niños de México tengan una educación a la altura de las necesidades que impone la realidad económica mundial–, ahora opinan que la CNTE quizá tiene razón en sus pretensiones.
Eso incluye tratar como acto de represión los intentos de las autoridades de restaurar la circulación en carreteras. No, lo ocurrido en Nochixtlán fue un pésimo operativo de desalojo en la vía que comunica a Puebla con Oaxaca, desprovisto de la más mínima información de inteligencia, pero no fue “represión”, por más que la Coordinadora insista en ello y quiera confundir, organizando una conferencia en la Plaza de la Tres Culturas.
Nada que ver con el Dos de Octubre lo sucedido el 19 de junio pasado en Nochixtlán, donde policías federales y estatales acudieron a retirar un bloqueo ilegal, que estaba provocando desabasto y otras penurias a cientos de miles de personas, y fueron recibidos a tiros. Tan es así que hay policías baleados.
Durante muchas semanas, la mayoría de mexicanos afectados por las acciones de la CNTE –ojo, acciones cuyo propósito es restaurar las condiciones laborales que tenían antes de la reforma–, permaneció en silencio, esperando a qué hora cumplirían las autoridades con su deber de hacer prevalecer la ley y condiciones de convivencia aceptables para todos.
Como esto no ha sucedido, como las autoridades han dado a este grupo minoritario y violento un trato privilegiado –y, de acuerdo con algunas versiones, incluso han cedido a sus pretensiones–, esa mayoría ha comenzado a manifestarse.
Tienen toda la razón las organizaciones empresariales en acudir ante el Poder Judicial para obtener la atención que no les ha dado el Ejecutivo. Ésa debería ser la vía para dirimir cualquier inconformidad, pues vivimos en un país de leyes. La misma CNTE lo hizo, con la presentación de recursos ante la Corte, pero como no le gustó el resultado, recurrió a los bloqueos y otros actos ilegales.
Es evidente que las autoridades han fallado en aplicar integralmente una reforma que ellas mismas promovieron en apoyo de una exigencia social.
La reforma prevé que no se pueda dejar sin clases a los niños y que maestros que lo hagan de forma continua sean despedidos. Tan sólo aceptar hablar de restituir a los profesores faltistas y a los que se negaron a presentar la evaluación y liberar a quienes hayan cometido delitos es clavar una estaca en el corazón de la reforma. Ya no digamos ceder en ello.
Ya veremos qué opinan los jueces sobre las solicitudes de amparo que, contra la omisión de las autoridades, han presentado los empresarios. Y recordemos que cuando decimos empresa en México nos referimos a una unidad económica que tiene en promedio unos cinco empleados.
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